De “cómplices de tortura” fueron acusados los jueces que procesan a Garzón en el seno de la Universidad, concretamente en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Pero realmente ¿quién es el torturador? ¿El magistrado? ¿D. fulano de tal y tal? ¿La Institución del Tribunal Supremo?
¿Acaso los torturadores no son también los acusadores, Pascual Maragall, Pedro Zerolo, Gaspar Zarrías, Jiménez Villarejo, Carlos Berzosa, Cándido Méndez, Fernández Toxo, Gaspar Llamazares o Cayo Lara (bueno estos tres últimos no porque nunca han gobernado) presentes en el acto en defensa de Baltasar Garzón, lista a la que habría que incluir los nombres de José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar López, Felipe González Marquez, Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suarez González, todas las personas que conformaron gobierno con ellos y las que componían las ejecutivas de sus partidos, por los mismos motivos?
Pero para hacer honor a la verdad habría que añadir el nombre de todos cuantos vivimos la famosa transición pacífica, tan elogiada y tan vendida a nivel internacional como ejemplo a seguir.
Personalmente creo que realmente ni la Institución, ni los Magistrados, ni las personas que desempeñan el cargo, son cómplices de tortura, ni verdaderamente culpables de nada que no sea el conformismo con la forma de hacer la transición e impasibilidad con la que presenciaron la aprobación de un paquete legislativo (llámense amnistía política o ley de punto final) para olvidar lo pasado en el pasado y permitir cerrar un capítulo de la historia de este país, sabiendo como sabían que era un cierre en falso. A ese respecto todos prevaricamos, pero como lo de hacienda unos más que otros. Todos sabíamos que las decisiones que se estaban adoptando para hacer posible la transición, eran resoluciones injustas y las aceptábamos; por presiones de poderes fácticos, por ganas de olvidar, por cansancio después tanto luchar. Siempre había un motivo para aceptar la realidad de la situación y cada uno tenía el suyo, por una cosa o por otra.
Todos por permitirlo pero especialmente los políticos de la época y los de ahora, los legisladores que han estado aprobando leyes y los dirigentes que han estado mirando para cualquier lado (a Chile o Argentina por ejemplo) menos hacia donde estaba el problema.
Los Magistrados del Supremo solo están haciendo el complejo y complicado papel de interpretar unas leyes que, como todas en general, no son claras (a propósito) y tratan de hacerlo (creo yo) de la mejor manera. Por desgracia al legislador en este santo país, no le interesa que las leyes sean claras, concisas y concretas; gusta a las Cámaras hacer leyes interpretables para que sirvan a unos u otros en cada caso, para conseguir lo que en cada caso convenga. Y si unimos a todo esto la nula independencia de los poderes del Estado ocurre lo que nunca deberíamos haber permitido, que Jueces elegidos políticamente juzguen con leyes políticas y con criterios políticos intereses políticos.
A Garzón lo juzgaran por motivos políticos interpretando, quizás de forma interesada, una serie de leyes que nunca deberían haberse aprobado tal y como están. En una autentica democracia no se puede hacer leyes como churros, sin criterio definido, oscuras y que solo sirven para cosas concretas. El caso Garzón está levantándole las faldas a la Democracia y dejando al descubierto unas bragas que no están limpias, y no lo están desde hace ya mucho tiempo. A la democracia española le falta una verdadera separación de poderes porque no la hay, ni en el papel ni en la realidad. Mientras los componentes del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados en base a las proporciones de representatividad que los partidos políticos tienen en de la Cámara, seguirá siendo un instrumento del poder ejecutivo y no un poder en sí mismo.
Si existiera una verdadera separación de poderes e independencia entre estos, si todas las leyes se aprobaran con el consenso necesario para garantizar su validez a lo largo del tiempo y no estar cambiándolas en función del color del gobierno de turno, si se aplicara un único criterio para todos y no una vara a medida para quien gobierna y otra para quien está en la oposición y si fuera imposible manipular tan descaradamente a la sociedad civil, a los ciudadanos, contribuyentes, votantes (o como nos quieran llamar), con informaciones interesadas, partidistas y tergiversando la realidad, detectado el error cometido por un Juez al realizar una actuación no acorde a ley, se corrige sin necesidad de sentarlo en ningún banquillo y sin privar a la sociedad de sus inestimables servicios, probados y demostrados, como es el caso de Baltasar Garzón. Aunque quizás la instrucción realizada no sea el error y el error sea que no haya una ley que permita instruir la causa.
Si el caso Garzón se debe a una interpretación errónea de una ley determinada, lo que hay que hacer es que esa ley no necesite ser interpretada de forma subjetiva; hay que cambiar esa ley y que sea más clara.
Todos prevaricamos; la sociedad por elegir a unos representantes a sabiendas que son malos, para que no salgan los otros; los legisladores aprobando leyes a sabiendas que son malas, por disciplina de voto; los gobernantes por aplicar leyes a sabiendas que no son buenas, para conseguir sus fines; los jueces por incoar actuaciones judiciales a sabiendas que no son acordes a derecho, para matar dos pájaros de un tiro; pero Garzón quizás el que menos prevarica. Esto mismo en otro momento político quizás no fuera nada y por ello los Magistrados del Tribunal Supremo también deberían prevaricar un poco en este tema porque de no hacerlo realmente están prevaricando.
No nos podemos llamar demócratas si en nuestro sistema legislativo el fascismo puede sentar en el banquillo de los acusados a un Juez como Garzón; y menos mal que es Garzón que de ser otro, ya se lo habrían comido con patatas fritas. Algo falla y ojala esto no sea la punta del iceberg. El TS actúa a sabiendas que es injusta su actuación, aunque acorde a una ley, porque si la ley es injusta su aplicación es una prevaricación.
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