Las otras medidas que han hecho sangre (I).

Por Evaristo Pitaluga i Poveda

Recordemos que en el otoño de 2.008 tras la reunión del Presidente del Gobierno con 6 presidentes y altos ejecutivos de importantes entidades financieras, se anunció un plan de rescate bancario por parte del gobierno.

El Banco de España analizó y evaluó las ayudas previstas en los planes de 'rescate' de las entidades financieras en unos 150.000 millones de euros, equivalente al 14,3% del PIB, algo por debajo del conjunto de la zona euro, y al 5,1% de los activos bancarios, justificándolo e añadiendo que «el coste fiscal efectivo de estas medidas sería mucho menor, incluso nulo, y hasta podría generar ingresos netos a medio plazo, si (estas actuaciones) cumplen su objetivo de estabilizar los mercados». Craso error.

Lo maligno de esta medida fue que solo sirvió para dar liquidez a los bancos y evitar una quiebra ante los próximos vencimientos de deuda, y no una medida para inyectar liquidez a la economía; y eso no nos lo contaron.

Recordemos que las medidas eran, entre otras, por un lado aumentar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de 20.000 euros por titular y entidad a 100.000 euros; abrir una línea de financiación para las entidades financieras de entre 30.000 y 50.000 millones de euros, para ejecutar entre 2008 y 2009, mediante la compra de activos a las entidades y financiando la compra mediante la emisión de deuda pública (esa que tanto está costando colocar en los mercados financieros); otorgamiento de avales del Estado a operaciones de financiación nuevas (emisiones de pagarés, bonos y obligaciones), ampliable a los depósitos interbancarios por un importe máximo de 100.000 euros en 2008 y que el Estado adquiera títulos emitidos por entidades de crédito que necesiten reforzar sus recursos propios (incluidas participaciones preferentes y cuotas participativas).

Es decir, como los bancos demuestran ser insolventes porque son incapaces de aumentar su financiación a largo plazo y se ven imposibilitados de aumentar su capital (las ampliaciones son prácticamente inviables en la actualidad dada la situación bajista del mercado), tienen los activos tóxicos penalizando las cuentas y no resulta conveniente que se pongan en circulación activos inmobiliarios por estar a la baja tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, el gobierno decide poner la garantía de Estado para que el mercado les pueda comprar bonos y cualquier otro endeudamiento a largo plazo, que de otra manera no compraría en las situaciones actuales. En esos momentos la garantía del Estado era buena y bien valorada, mejor que las de las entidades finanacieras.

En la primavera del 2009, tras la reunión del G20 en Horsham, se decide comprar los activos tóxicos a los bancos para restaurar el flujo de crédito, con ello animar la actividad de familias y empresas, y frenar la recesión de las economías. Se decidió fortalecer los balances de los bancos, incluso haciendo que las cuentas públicas sean las que carguen con esos activos tóxicos de los bancos (préstamos e inversiones de difícil recuperación), si fuera preciso.

Repasemos un momento este nuevo léxico financiero; activos tóxicos son inversiones fallidas, que se supone con garantías reales y respaldando parcial o totalmente el citado activo, pero que realmente no tienen esas mínimas garantías. Las “sub prime”, que tanto nos han contado y resumidamente son hipotecas concedidas a clientes con escasa solvencia, y por tanto con un nivel de riesgo de impago superior a la media, son un ejemplo de activo tóxico. Hay también otros tipos de productos financieros y bienes, que en muchas ocasiones no tienen contrapartida tangible.

Hasta el momento en el que el Gobierno de España actúa, la deuda pública estaba bien valorada AAA, por las mismas agencias que valoraron mu favorablemente a las entidades que colocaron esos activos tóxicos o basura por todo el mundo. Una vez que el gobierno se ha gastado el dinero que no tenía en salvar a las entidades de crédito, estas mismas agencias bajan ya la valoración de nuestra deuda a un nivel AA+, lo que hace que colocar la deuda pública emitida para poder ayudar al sector bancario sea más caro. Y rizando el rizo resulta que quienes controlan ese mercado son las propias entidades a las que se les ha prestado el dinero, a un interés ridículo, pero quieren pingües beneficios por hacerse cargo de dicha deuda con la cínica justificación que esta minusvalorada por las agencias de valoración (y que son también ellos mismos) por el alto déficit público. Paradojas del sistema capitalista neoliberal que pone el control de los gobiernos en manos de los mercados financieros, en vez de tener los gobiernos el control de dichos mercados.

Otra perla: Por ahora el Gobierno presidido por el Sr. Zapatero ha hecho casi todo igual que los demás gobiernos de la zona Euro y EE. UU. Salvo una cosa, actuar contra los responsables de gestionar las entidades financieras de tal nefasta forma, que han tenido que ser intervenidas por el Banco de España para sanearlas con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos. En otros países esos responsables está rindiendo cuentas ante la justicia y algunos pagando las consecuencias. En este quijotesco país, no. ¿Será porque presuntamente la política y los políticos estén cerca?

31 de mayo, más democracia para Castilla-La Mancha

Por Daniel Martínez Sáez

Este 31 de mayo se cumplen 27 años de la constitución de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha. Ese fue el día elegido, de forma muy afortunada, para conmemorar cada año el nacimiento de un nuevo ente político y territorial que por los comienzos de la década de los ochenta daba sus primeros pasos. Establecer la referencia conmemorativa coincidiendo con la constitución del primer Parlamento regional resulta especialmente simbólico y significativo, se estaba pensando en el órgano que representa directamente la soberanía popular; se estaba pensando en el pueblo.

Estas casi tres décadas de recorrido han sido positivas en su conjunto, pero este año, más que mirar por el retrovisor, toca reflexionar y analizar el presente y el futuro. La realidad actual muestra una Región que no esta para celebraciones y que pasa por unos momentos muy difíciles a causa de los efectos de una triple crisis política, económica e institucional. La acción política viene marcada por una tenaza bipartidista -sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma- que ha convivido plácidamente con la apuesta de un modelo de desarrollo basado en el ladrillo y en una buena dosis de especulación urbanística, lo que finalmente ha provocado que hoy, la crisis golpee de forma muy dura, que aún no se vea la luz al final del túnel y menos aún un modelo alternativo de desarrollo. La economía real se hunde sin que el Gobierno sepa dar alternativas.

Las grandes decisiones estratégicas y de futuro de Castilla-La Mancha están supeditadas a la mirada electoralista del bipartito, de tal forma que hasta el nuevo estatuto ha sido víctima de cálculos electorales. El momento viene marcado, igualmente, por el intenso desgaste y desprestigio que ha causado la apuesta de determinados dirigentes regionales, consistente en utilizar las sucesivas mayorías absolutas, el Gobierno y las instituciones, de forma clientelista y torticera, provocando la desaparición de la Caja de Ahorros (CCM), la formación de un verdadero gobierno paralelo con más de noventa entes dependientes del presupuesto regional que han acumulado una deuda de más de mil millones de euros, realizando nombramientos al frente de importantes instituciones regionales en base, exclusivamente, al favoritismo político, llevando a cabo modificaciones legislativas expresas para recoger intereses concretos y, finalmente, manteniendo las Cortes regionales menos democráticas de toda España, donde solo cabe el bipartidismo y no todos los votos de los ciudadanos valen lo mismo. ¿Puede haber mayor desigualdad, discriminación e injusticia que marcar unas normas de juego donde mi voto no valga lo mismo que el de mi vecino?

Con un Parlamento regional forzado por el sistema electoral al blanco y negro, Castilla-La Mancha se queda sin la aportación vital de la pluralidad política y sin la riqueza social existente en una Comunidad que, precisamente, destaca por la diversidad de sus gentes, pueblos y colectivos.

Castilla-La Mancha necesita nuevos impulsos que pasan inexorablemente por afrontar una regeneración institucional y política a través de la constitución de una Cortes que supongan eliminar el déficit democrático actual y sean elegidas con criterios de igualdad, justicia electoral y pluralismo político.

Izquierda Unida no asistirá a los actos oficiales; participaremos en una jornada reivindicativa, durante todo el día, en La Vega de Toledo y plantearemos el Día de Castilla-La Mancha como una jornada reivindicativa donde apostamos por más democracia contra la crisis y donde queremos trasladar nuestro malestar, descontento y desconfianza ante los que hoy manejan una Región desconocida en muchos aspectos, en plena crisis y sin rumbo.

Daniel Martínez Sáez