Publicado en Cotizalia por Eduardo Segovia el 07/07/2010 14:22h
Ha estallado definitivamente la guerra entre la Agencia Tributaria y los inspectores de Hacienda, a cuenta del escándalo de las cuentas ocultas en Suiza. El Ministerio de Economía ha emitido una nota en la que arremete contra sus trabajadores y les acusa de un "comportamiento poco responsable" y de falta de profesionalidad al "tratar de confundir con una interpretación errónea de una instrucción interna, que seguramente busca un eco mediático".
Estas graves acusaciones se refieren a la información filtrada este miércoles al periódico Expansión según la cual Hacienda ha dado una instrucción a los inspectores para que protejan a los implicados en el escándalo, con sanciones mínimas y eximiéndoles del delito fiscal. Una información que la Agencia Tributaria asegura que es falsa y que se ha difundido interesadamente para crear dicha confusión.
Según el comunicado del Ministerio, todas las rentas derivadas de las cuentas en el HSBC suizo "serán motivo de regularización y sanción si no hubieran cumplido con su obligación tributaria". Y añade que es falso que el elemento sancionable sean exclusivamente los rendimientos de dichas cuentas, sino que se extiende también a su origen si no fue declarado en su día.
Asimismo, Hacienda quiere dejar claro que "el requerimiento enviado a estos contribuyentes en nada excluye la imposición de sanciones y, en su caso, si hay pruebas suficientes, de denuncias por posible delito fiscal". Este es un punto muy polémico, porque significa que, según la interpretación de Hacienda, regularizar la situación y repatriar ese patrimonio a España no sirve para librar a los implicados del delito fiscal. Lo cual desincentiva totalmente dicha regularización, lo que explica por qué prácticamente nadie se ha acogido a la regularización voluntaria.
La guerra entre Hacienda y sus inspectores viene de principios de año, cuando la Administración adoptó un duro recorte presupuestario para las tareas de inspección a la vez que presionaba para aumentar la recaudación por las actas abiertas a los contribuyentes, con el fin de tratar de paliar el maltrecho estado de las cuentas del Estado. Pero se ha agravado hasta los límites actuales con el escándalo de Suiza, ya que el trato amable de la Agencia Tributaria a los presuntos defraudadores ha sido criticado muy duramente por los inspectores, que lo calificaron de "escandaloso trato de favor" y de "amnistía fiscal encubierta".
Ahora, parece que Hacienda se ha cansado de estas críticas y de las continuas filtraciones a los medios sobre este escándalo, muchas veces parciales o erróneas, según el Ministerio. Y ha decidido contraatacar. En todo caso, los grandes beneficiados de este enfrentamiento serán los implicados en el escándalo.
Ha estallado definitivamente la guerra entre la Agencia Tributaria y los inspectores de Hacienda, a cuenta del escándalo de las cuentas ocultas en Suiza. El Ministerio de Economía ha emitido una nota en la que arremete contra sus trabajadores y les acusa de un "comportamiento poco responsable" y de falta de profesionalidad al "tratar de confundir con una interpretación errónea de una instrucción interna, que seguramente busca un eco mediático".
Estas graves acusaciones se refieren a la información filtrada este miércoles al periódico Expansión según la cual Hacienda ha dado una instrucción a los inspectores para que protejan a los implicados en el escándalo, con sanciones mínimas y eximiéndoles del delito fiscal. Una información que la Agencia Tributaria asegura que es falsa y que se ha difundido interesadamente para crear dicha confusión.
Según el comunicado del Ministerio, todas las rentas derivadas de las cuentas en el HSBC suizo "serán motivo de regularización y sanción si no hubieran cumplido con su obligación tributaria". Y añade que es falso que el elemento sancionable sean exclusivamente los rendimientos de dichas cuentas, sino que se extiende también a su origen si no fue declarado en su día.
Asimismo, Hacienda quiere dejar claro que "el requerimiento enviado a estos contribuyentes en nada excluye la imposición de sanciones y, en su caso, si hay pruebas suficientes, de denuncias por posible delito fiscal". Este es un punto muy polémico, porque significa que, según la interpretación de Hacienda, regularizar la situación y repatriar ese patrimonio a España no sirve para librar a los implicados del delito fiscal. Lo cual desincentiva totalmente dicha regularización, lo que explica por qué prácticamente nadie se ha acogido a la regularización voluntaria.
La guerra entre Hacienda y sus inspectores viene de principios de año, cuando la Administración adoptó un duro recorte presupuestario para las tareas de inspección a la vez que presionaba para aumentar la recaudación por las actas abiertas a los contribuyentes, con el fin de tratar de paliar el maltrecho estado de las cuentas del Estado. Pero se ha agravado hasta los límites actuales con el escándalo de Suiza, ya que el trato amable de la Agencia Tributaria a los presuntos defraudadores ha sido criticado muy duramente por los inspectores, que lo calificaron de "escandaloso trato de favor" y de "amnistía fiscal encubierta".
Ahora, parece que Hacienda se ha cansado de estas críticas y de las continuas filtraciones a los medios sobre este escándalo, muchas veces parciales o erróneas, según el Ministerio. Y ha decidido contraatacar. En todo caso, los grandes beneficiados de este enfrentamiento serán los implicados en el escándalo.
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