¿Para que sirve el Ministerio del Interior?

Por Leandro García Lozáno

Comenté en un anterior artículo que el Presidente del Gobierno podía haber eliminado el Ministerio del Interior porque sus funciones podían ser realizadas por otros ministerios e instituciones existentes.

En concreto las funciones realizadas por este Ministerio, como son el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (fusionando e unificando a la Policía Nacional con la Guardia Civil), la coordinación y la supervisión de los servicios y misiones que les correspondan, deberían ser ejercidas por la Fiscalía General del Estado y, lógicamente, el Fiscal General del estado ser elegido directamente por sufragio universal, no designado por el Gobierno de turno. Esta institución forma parte de la pata “Poder Judicial”, junto al Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, del taburete que es el Estado y a la que hay que añadir la del poder ejecutivo y legislativo.


El control de las empresas y del personal de seguridad privada, y la seguridad pública de los espectáculos y actividades recreativas, en el ámbito de competencias del Estado, que junto a la dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con EUROPOL, INTERPOL, SIRENE y los Sistemas de Información de Schengen y la designación de los representantes que asistan por parte del Ministerio del Interior al COSI; la dirección, impulso y coordinación de las actuaciones del Departamento en materia de crimen organizado, tráfico de drogas, blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico y delitos conexos; la planificación y coordinación de las políticas de infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad y la aprobación de los planes y programas de infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad deberían ser parte de las funciones de la Dirección General de la Policía.

Es decir, las competencias que ahora tiene este ministerio relacionadas con la seguridad de los ciudadanos serían del Fiscal General del Estado, independiente del Gobierno de turno.

Sigamos. La dirección de las competencias del Ministerio del Interior en materia de Administración Penitenciaria deberían ser todas exclusivas del Ministerio de Justicia. Las relacionadas con los servicios de inteligencia, antiguo CESID, volver a Defensa y centrarse solo en espionaje como defensa del estado frente a otros países; no en espionaje a los ciudadanos del estado.

Las funciones de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería las ejercería el Ministerio de Asuntos Exteriores. La gestión de las competencias del Ministerio relativas a los procesos electorales y consultas directas al electorado y el registro de los partidos políticos pasaría al ministerio de Justicia. Ahora las Juntas Electorales están ubicadas en los juzgados ¿no? La gestión de las subvenciones y financiación de los partidos políticos la realizaría directamente las Cortes Generales en coordinación directa con el Ministerio de Hacienda.

El ejercicio del derecho de asilo junto con las delegaciones del Gobierno en las CC. AA. sería una competencia directa del Ministerio de la Presidencia . Las subdelegaciones desaparecerían y serían remplazadas por las delegaciones de las CC. AA. en cada capital de provincia de su territorio.

La coordinación e impulso de la política de tráfico y seguridad vial, y el ejercicio de las competencias del Ministerio sobre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, por ser un Organismo autónomo podría pasar al Ministerio de la Presidencia, que verdaderamente parece ser un ministerio político y carente de funciones relacionadas con la gestión administrativa. Ademas el tema Trafico está transferido en las CC. AA. de Catalunya y País Vasco. Pues eso se transfiere al resto o se rescata de las ya transferidas. Todos moros o todos cristianos ¿no?

Los temas relacionados con la protección civil y las emergencias pasarían los Ayuntamientos, en el ámbito local, a las Diputaciones (si no conseguimos cargarnolas por inútiles) en el ámbito provincial y en el autonómico a la Consejería oportuna. Así a capón, porque son los más implicados.

El ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio en materia de atención y apoyo a las víctimas del terrorismo, pasarían a la Fiscalía General del Estado ya que esta será la encargada de nuestra seguridad por un lado, y por otro evitamos que estas estén apoyadas por el gobierno de turno en base a la más o menos cercanía y simpatía política; me entienden o he de ser más claro.

Si no se me queda nada en el tintero, la última de las funciones de este ministerio, el DNI y el Pasaporte, pasaría al Ministerio de Justicia por el mismo motivo que los registros civiles están en los juzgados, quedando de esta forma más fácil los trámites del ciudadano en relación a estos documentos, ya que al igual que el registro civil en caso de no haber juzgado en la localidad sería el juez de paz quien sumiera la coordinación de estos servicios. Y en relación con el pasaporte, sería más fácil controlar la retirada o la negativa a concederlo en el caso de haber sido sentenciado por causa jurídica e impedir el abandono del país.

A la broma nos hemos cargado de un plumazo un montón de cargos, no así de funcionarios dado que estos deberían ser recolocados para poder seguir realizando las funciones. Eliminamos a los responsables ya que las acumulamos a las que ya tienen ahora en otras instancias.

En concreto nos cepillamos al/la: Ministro/a y su gabinete; Secretaria/o de Estado de Seguridad y su gabinete; Director/a General de la Policía (con rango de subsecretario/a) junto con la Dirección Adjunta Operativa y Subdirección General de Recursos Humanos; Director/a General de la Guardia Civil, (con rango de subsecretario/a), el Consejo Superior de la Guardia Civil y el Consejo de la Guardia Civil, la Dirección Adjunta Operativa (con rango de Subdirección General), Mando de Operaciones y Subdirección General de Apoyo; Secretaria/o General de Instituciones Penitenciarias, la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas, la Subdirección General de Inspección Penitenciaria, la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, la Subdirección General de Recursos Humanos (uno solo para todo el ministerio o mejor aún, uno para toda la administración General del Estado), la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria (que estaría enclavada en el Ministerio de Sanidad); Director/a General de Relaciones Internacionales y Extranjería y las/os Subdirectoras/es Generales de Cooperación Policial Internacional y de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería.

No pocos cargos pero, mejor aún, no pocos emolumentos económicos que por experiencia se sabe se conceden a personas afines políticamente, no funcionarios de alta escala de la administración. Son cargos ocupados por políticos que han perdido su escaño, su alcaldía o su consejería, en unos casos, o a los que interesa promocionar para que aprendan y así el día de mañana poder ocupar otros puestos cuando el titular cese o ascienda, esto es, pase a barón de una CC. AA..

Sr. Rajoy, así sí se ahorra, lo malo es que se perjudican los intereses económicos de los políticos del partido y al partido en sí mismo porque a estar personas si cargo, les tendría que pagar de las arcas del partido.