Por Luis Ángel Aguilar Montero
La pregunta no es retórica, pues estoy seguro que muchos diputados y diputadas españoles no están al día de las terribles repercusiones que podríamos tener si finalmente este jueves aprueban y ratifican el RD-L 16/2012 denominado pomposamente “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.
Es por ello que para quien quiera escuchar
responsablemente y así poder tenerlo en cuenta antes de emitir su voto, he apoyado
la campaña "una
sanidad para todos y todas" urgentemente han puesto en marcha las muy serias organizaciones: Andalucía
Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Standing
Committee of European Doctors, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
Convivir sin racismo, Federación de Mujeres Progresistas, Federación
de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español, Karibu, Médicos del Mundo, Centro
de estudios y documentación sobre discriminación, racismo y xenofobia (Mugak),
Observatori del Sistema penal i els Drets Humans, Platform for International Cooperation on
Undocumented Migrants (PICUM), Pueblos Unidos, Red Acoge y El
Servicio jesuita para las Migraciones de España.
En la
propuesta que puedes ver aquí completa (y firmar) http://acoge.org/rdl16/index.php/home se dan varias posibilidades
para sumarse si se está de acuerdo con los contenidos de esta acción, como
enviar la carta al congreso, reenviar un correo electrónico a “sus señorías”
aquí http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados,
sumarse como colectivos o las clásicas ciberacciones mediante las redes
sociales: seguir el Twister, retwittear, bannear, cambiar los perfiles, o
difundir el “hashtag” oficial #sanidadparatodos,
para intentar hacer que sea “Trending Topic”.
ANEXO que se cita:
Estimado/a
diputado/a
En el Pleno del próximo día 17 de mayo de
2012, está prevista dentro del orden del día, la votación del Real Decreto-Ley
16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”
La aprobación y puesta en marcha de este Real
Decreto Ley implica, además de modificaciones sustanciales de la legislación
vigente, un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria que
conocemos hasta la fecha y con la que estoy satisfecho. Asimismo, considero que
una modificación de tal envergadura hubiese necesitado, además de una norma de
rango superior, un debate previo abierto no sólo en el Parlamento, sino también
con entidades profesionales y sociales que trabajan en este campo tan sensible.
Centrándonos en la norma, dentro del capítulo
I, concretamente en su artículo primero, se establecen las condiciones para acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en
España”; unas condiciones que entrarán en vigor el 1 de Septiembre y que
restringen ese derecho a múltiples colectivos como son:
+
Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que
nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de
Seguridad Social.
+
Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea , del
Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia
en España y/o no puedan acreditar su situación de paro involuntario.
+
Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de
residencia en España.
Para éste último colectivo, cifrado en
unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé únicamente la atención sanitaria
de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación y los
menores) como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva que no aporta
valor alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica de
Extranjería 4/2000.
Esta situación, supone el paso atrás
mencionado y, en la práctica, además de un
cambio en la concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una
vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las
políticas de sanidad de este país. Esta situación puede provocar no sólo el
colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando
–paradójicamente- los costes en la atención sanitaria a la población, sino
también dividir a la sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no-ciudadanos”
o ciudadanos sin derechos.
Asimismo, considero que la propuesta de la
atención de estas personas a través de convenios entre las Comunidades
Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro
sistema sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando
sistemas de atención sanitarias paralelos.
Por
ello, le solicito,
de cara a la votación para la ratificación del Real Decreto Ley 16/2012, como
representante que es usted de la sociedad española en el Congreso, tenga en
cuenta las siguientes peticiones:
+
Que vote en concordancia con sus creencias personales respecto a su concepción
de la salud pública en España.
+
Que tenga en cuenta la importancia de dialogar y negociar públicamente en el
Parlamento y con las entidades que desempeñan su trabajo en el área sanitaria o
en la atención social, el alcance, impacto, viabilidad y alternativas de la
modificación legislativa, antes de aprobar un cambio tan importante
para nuestra sociedad.
+
Que tenga en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Agencia de Derechos
Fundamentales de la
Unión Europea , que en su informe del pasado 11 de octubre de
2011, aconsejaba a los Estados miembros: “El acceso a la atención sanitaria
necesaria debe facilitarse a los inmigrantes irregulares con arreglo a los
mismos criterios que a los nacionales, aplicando idénticas normas en materia de
pago de honorarios y exenciones”. De conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas y con el artículo 12 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a las
embarazadas deberá asistirles el derecho a una atención prenatal, durante el
parto y postnatal gratuita y, a los niños, el derecho a una atención sanitaria
prestada con arreglo a los mismos principios que a los nacionales, incluidas
las vacunaciones.
+
Que tenga en cuenta a la hora de emitir su voto la opinión de entidades, además
de las arriba firmantes (entre otras) como el Consejo General de la Abogacía , la Fundación Salud y
Familia, Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, la Red Comunitaria
sobre VIH y sida del Estado español (REDVIH) la Asociación Galega
de Medicina Familiar e Comunitaria, el Sindicato Médico de Asturias, la Red de Colegios Médicos,
Médicos del Mundo o el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España.
Muchísimas gracias por su interés en la
lectura de esta carta y por tener en cuenta estas consideraciones antes de
efectuar su voto.
Un afectuoso saludo, LAAM: 5135718W
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