Carta abierta a Evaristo Pitaluga

La querella de UPyD contra Bankia abre la puerta a la depuración de responsabilidades que desean los españoles

08 de Junio de 2009 Rosa Díez: “Antes de plantearnos la refinanciación de las cajas hay que despolitizar sus consejos”

Querido amigo Evaristo, en respuesta a tu carta abierta del pasado jueves, te podría contestar de muchas formas. Ya verás que llevamos reclamando lo que ahora denunciamos desde hace 3 años, evidentemente no es una operación de marketing, sino algo perseguido desde tiempo atrás. Mi elección ha sido poner la respuesta en boca de dos compañeros míos, pues ya se han escrito ríos de tinta sobre este asunto y nos lo podrán explicar bastante bien.

Esta querella es “un triunfo de la democracia y de los ciudadanos, hartos de políticos irresponsables y manirrotos que recortan contra los ciudadanos pero evitan tocar todo aquello que beneficia a sus intereses particulares y partidarios” (Gorka Maneiro, parlamentario vasco de UPyD).

También escribió un artículo bastante interesante el portavoz económico y Diputado Nacional de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. Te transcribo, sin cortar ni una coma, un artículo publicado en su blog el pasado 6 de Julio, un día después de tu carta abierta, como si la hubiera leído y la quisiera contestar:

No hace falta que nadie me trate de convencer de que la llamada “judicialización de la política”, la tentación de sustituir el debate en las instituciones por una sentencia judicial, es un error de perspectiva y, en el fondo, de concepción de la democracia. Estoy firmemente convencido de que recurrir a los tribunales es el último camino que le queda a la política democrática y de que, para un partido con una concepción institucional de la política como es UPyD, es un recurso que debe emplearse con sumo cuidado y en última instancia, sólo cuando existe la fundada convicción de que no queda otra alternativa. Pues un partido parlamentario como el nuestro no debe sustituir el Parlamento por un Juzgado sin poderosas razones.

Ambas condiciones se daban en el caso BFA-Bankia porque, tras el bloqueo parlamentario de una auténtica Comisión de Investigación del Congreso –como las que funcionaron en Estados Unidos en 2008 o ahora en los Comunes británicos-, quedó claro que los tribunales eran el último recurso para sacar a la luz la verdad del caso Bankia. Y también que este recurso podía usarse como es debido porque no se trataba de una denuncia política genérica –contra los mercados o la mala gestión-, sino de acontecimientos concretos con responsables conocidos, resumibles en la salida a bolsa de Bankia, aquella estafa responsable de la ruina de decenas de miles de pequeños ahorradores convertidos en accionistas, y no siempre por su libre voluntad. Quienes reclaman querellarse contra cualquier Caja o banco sólo por las consecuencias actuales de su antigua politización, o por sospecha universal de la perfidia de los mercados, se equivocan: es la clase de iniciativa testimonial condenada al archivo judicial, aunque guste mucho a ciertos medios, y no sirve para alcanzar el objetivo de conocer la verdad y hacer justicia.

Contra lo que se ha dicho, el bloqueo de la investigación parlamentaria solicitada en el Congreso no ha sido exclusiva del PP, sino secretamente compartida por los nacionalistas, vergonzosamente por el PSOE, y ambiguamente por IU. Uno de los dirigentes del grupo parlamentario del PNV nos explicó que no podían apoyar una auténtica investigación parlamentaria del caso Bankia, con luz y taquígrafos, porque podía sentar un mal precedente para el grupo vasco Kutxabank, pues las aguas bajan turbias en todas las antiguas cajas; CIU pensaba lo mismo con más razones todavía (Unim o CaixaCatalunya). Lo que no ha obstado para que nacionalistas vascos y catalanes digan lo contrario en público, en otro ejercicio del cinismo tan habitual que, a estas alturas, ni siquiera les parece necesario justificar. Los socialistas reclamaban, con la boca de las ocasiones más hipócritas, una investigación con la esperanza de que el PP la rechazara o quedara reducida a un paripé de comparecencias a puerta cerrada en Subcomisión, como ha sido el caso. Respecto a Izquierda Plural, marca parlamentaria de IU, ha tratado de compaginar una enérgica exigencia de explicaciones e investigación con una pasiva aceptación de que nunca tendría lugar; muy cómoda, dada su implicación y la de los sindicatos en la nefasta gestión de Bankia y otras cajas.

Con lo que no parecía contar nadie –prefieren no tomarnos en serio, allá ellos- es con que UPyD preparara una querella y la presentara en la Audiencia Nacional, donde ha sido admitida por la fiscalía y el juez instructor, Fernando Andreu, en un grado tan alto de coincidencia (compárese auto de aceptación con texto de la querella) que habla tanto de la calidad de nuestra querella (redactada por Andrés Herzog y su equipo) como de la voluntad judicial de reconocer sus competencias en este caso pese al bloqueo gubernamental.

A menudo se olvida que la mayoría de los jueces, eclipsados por los astros mediáticos de la profesión, están mucho más cerca de la sensibilidad de los ciudadanos corrientes que de la casta político-financiera-mediática que se considera ungida por los dioses con el bálsamo de la intocabilidad. De modo que en la querella de Bankia han venido a converger dos voluntades con la misma raíz: la de recuperar la maltratada independencia del poder judicial -y dónde mejor que en la investigación penal de un escándalo ciudadano que la casta bipartidista ha tratado de negar y proteger del escrutinio público hasta el último minuto-, y la voluntad política de obligar a las instituciones democráticas a cumplir con su cometido; dicho sea con toda modestia, esto es lo que tratamos de hacer en UPyD.

España es un país donde todavía provoca chacotas o irritación el recordar que la democracia tiene dos principios incuestionables: que la ley es igual para todos (isonomía), y que la ley es obligatoria, o lo que es lo mismo, que su incumplimiento no tiene excusa posible. Estamos demasiados acostumbrados a que ambos principios se nieguen a diario con las más variadas excusas: desde atraer una inversión económica (las excepciones legales para el proyecto Eurovegas prometidas, como si estuviera en su mano, por Esperanza Aguirre), hasta conseguir una paz sin justicia (la legalización de Bildu, Amaiur y Sortu por un TC paradigma del intervencionismo partitocrático en el poder judicial). Así que lo mínimo que cabía esperar era la invocación de razones de “oportunidad” y “conveniencia” para dejar sin investigar lo sucedido en Bankia, o reducirlo al reiterativo y pueril rito de la declaración indignada tan rimbombante como sin consecuencias. No sólo los partidos políticos tradicionales, sino sus respectivos terminales mediáticas se han lucido en reaccionar ante la querella de Bankia como un coro trágico griego que pasa de la incredulidad y la estupefacción al malestar incrédulo de quien piensa “¡pero esto no me puede estar pasando a mí; se me arrastra a un juzgado por ejercer mis privilegios no escritos!” Pues va a ser que sí…

Hacen mal en despreciar las posibilidades de acción democrática que sigue ofreciendo el sistema constitucional, por imperfecto que sea. La querella de Bankia promete una instrucción larga y detallada en la que saldrán a la luz hechos, actos y personajes que la casta no quería ver expuestos al escrutinio público. Sin prejuzgar cómo acabará la instrucción, cosa que debemos respetar por principio quienes exigimos separación de poderes y autonomía judicial efectiva, ya es un gran paso de calidad democrática el mero hecho de exigir explicaciones en un proceso legal a seres considerados intocables y acostumbrados a actuar con total impunidad y opacidad, sin dar cuentas a nadie y con el engaño constante como mascarón de proa favorito de sus singladuras político-financieras. Ahora tendrán que ir acompañados de un abogado a explicarse ante un juez que puede pasar su estado procesal de la imputación a la acusación formal.

Esto es lo que puede dar de sí la querella de Bankia: pasar del descrédito imparable del sistema democrático a la recuperación de la salud de las instituciones, al incremento de la autoestima colectiva ciudadana, y a una demostración práctica de que otro modo de hacer política es posible y necesario, pues un partido político sí puede ser un instrumento eficaz al servicio del interés general. Atentos al juzgado de Fernando Andreu en la Audiencia Nacional, dará mucho que hablar y más que pensar. Y podría marcar, ¿por qué no?, un cambio de tendencia en la política democrática, el comienzo de la devolución a la ciudadanía de los valores que la partitocracia ha liquidado.

Aunque un poco extenso, creo que se resume bastante bien el “tema bancario” y de Bankia de UPyD. Más información y la querella completa están disponibles en la página web del partido www.upyd.es para todo el que lo quiera consultar. De todas formas, cualquier persona interesada (tú mismo el primero si estás dispuesto) en este tema puede contactar con nosotros y le daremos toda la información que requiera.


Acerca de los otros temas que me preguntas, de sobra es conocida nuestra postura acerca de sanidad, educación y justicia: tres pilares IMPRESCINDIBLES en nuestra sociedad y que deberían ser PUBLICOS E IGUALES PARA TODOS LOS ESPAÑOLES, pero eso ya trataremos en otros escritos, por hoy ya te he saturado bastante el blog.