Principios que deben vertebrar la política

Desde esta perspectiva general,  se compromete a aportar a la política realismo y sentido común desde los grandes valores de libertad, igualdad y solidaridad. 

Es por todo ello que proponemos una nueva política basada, fundamentalmente, en dos sencillas reglas:

a) El sujeto de la política es el ciudadano

En efecto, el ciudadano es la razón de ser del Estado, de los poderes públicos. Las comunidades políticas democráticas están formadas por ciudadanos, es decir, por individuos libres e iguales en virtud de la ley democrática. Los poderes públicos, sólo legítimos en la medida que emanan de la voluntad de estos ciudadanos, tienen la obligación de garantizar por igual sus derechos.

Es por ello que, así como en su momento, en la tradición política occidental, Iglesia y Estado se separaron y la práctica de la religión pasó al ámbito privado, en la actualidad, los sentimientos identitarios de tipo cultural, lingüístico o histórico también deben ser excluidos de la esfera pública. Consideramos que las identidades son individuales y no colectivas, producto del libre desarrollo de la personalidad de cada individuo: dada su naturaleza privada, los poderes públicos están obligados a respetarlas sin inmiscuirse en ellas. En este sentido sostenemos que el Estado, los poderes públicos en general, deben ser también laicos desde el punto de vista identitario. Así pues, los ciudadanos, iguales en derechos y deberes, son los únicos sujetos de la política.

b) Los poderes públicos tienen como finalidad garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos

En efecto, el ciudadano es la razón de ser del Estado, de los poderes públicos. Las comunidades políticas democráticas La libertad y la igualdad son nuestros valores básicos, los dos grandes valores que pretende defender Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.
La Constitución, en su primer artículo, define a España como un Estado democrático, social y de derecho. Así entendido, el Estado no está constituido sólo por sus instituciones centrales sino también por las comunidades autónomas y por los municipios. Ello significa que debemos exigir a todos estos poderes públicos que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas. Pero también significa que los ciudadanos debemos cumplir con los deberes que las leyes democráticas nos imponen.

Pero la libertad es inseparable de la igualdad. La igualdad, desde este punto de vista, tiene dos facetas. Una faceta formal, en el sentido de que la ley debe ser igual para todos y todas las personas son titulares de los mismos derechos; y una faceta substancial, en el sentido de que el Estado debe asegurar la igual satisfacción de las necesidades básicas y, a su vez, eliminar los obstáculos y privilegios que discriminan a las personas para hacer posible que todos los individuos gocen de los mismos derechos, es decir, del mismo grado de libertad.
El punto de llegada, por tanto, no es necesariamente igualitario aunque sí el punto de partida: el valor igualdad debe ser entendido en el sentido de igualdad de oportunidades permitiendo así que se concilie con el valor libertad.

Por otro lado, la democracia, entendida como participación igual de los ciudadanos en el gobierno del Estado, también deriva del valor igualdad. La ley democrática no es sólo la ley que vincula a todos por igual, incluidos los poderes públicos, sino también aquella ley en cuya elaboración y aprobación han intervenido, directa o indirectamente, en posición de igualdad, todos aquellos a los que se les debe aplicar.

De la igualdad deriva, asimismo, otro principio fundamental de un Estado democrático, el principio de solidaridad entre ciudadanos, mediante el cual deben protegerse los intereses comunes de éstos bajo el presupuesto de que el todo y las partes se condicionan mutuamente.

A partir de estos valores, se propugnan cuatro líneas de actuación básicas:

En efecto, el ciudadano es la razón de ser del Estado, de los poderes públicos. Las comunidades políticas democráticas La mayor parte de los derechos individuales están hoy jurídicamente asegurados pero su efectiva realización está lejos de haberse alcanzado. En este sentido, propugnamos una nueva política lingüística basada en el principio de libre opción en el uso de las lenguas y en que la realidad lingüística de los ciudadanos se refleje en las instituciones políticas y administrativas, los centros de enseñanza y los medios de comunicación públicos.

2. Defensa de los derechos sociales y del estado de bienestar

La igualdad y la solidaridad entre ciudadanos hacen necesaria la intervención de los poderes públicos para asegurar la efectividad de los derechos sociales. Las redes públicas educativas, asistenciales y sanitarias, a las que puedan acceder todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica, deben tener un alto grado de calidad para así evitar desigualdades que generen exclusión social. En este sentido, reforzar la cultura del mérito y el esfuerzo en la educación e integrar socialmente a los inmigrantes para que puedan acceder a la condición de ciudadanos, son dos directrices esenciales de nuestra actividad política. Asimismo, el estado de bienestar debe poder enfrentarse a los nuevos retos que presenta la sociedad actual haciendo compatibles la economía de mercado con el principio de igualdad de oportunidades.


3. Defensa del Estado de las autonomías y de la unidad europea


El desarrollo de la España de las autonomías ha sido, en líneas generales, beneficioso para la democracia española. Ahora bien, tras los logros alcanzados, es necesario cerrar el modelo competencial para ajustarlo exclusivamente a criterios de racionalidad y eficacia, fijando mecanismos de coordinación autonómica y garantizando la capacidad de las instituciones nacionales para asegurar la efectiva igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, van en sentido contrario las reformas estatutarias que no obedecen más que a intereses particulares: los específicos de los partidos nacionalistas, y los caciquiles y clientelares de los gobiernos en el ámbito autonómico. Estas innecesarias reformas estatutarias ponen en riesgo la igualdad entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, quebrando así la solidaridad entre los españoles. Por otro lado, también son objetivos estratégicos prioritarios impulsar la integración europea y reforzar a los municipios en la vida local.

4. Defensa de la democracia y regeneración de la vida política

La creciente desconfianza del ciudadano respecto de la política y de los políticos tiene su raíz en algunos vicios que han ido arraigando en estos años de democracia. Para regenerar la vida política es preciso mejorar la calidad de la democracia, especialmente en tres aspectos: primero, una reforma electoral que facilite la participación ciudadana en las instituciones representativas al objeto de que éstas reflejen más adecuadamente el peso electoral de cada partido; segundo, reforzar la democracia en el interior de los partidos; y, tercero, fomentar la libertad de expresión en los medios de comunicación con el fin de que sea real una opinión pública libre, sin la cual la democracia es permanentemente falseada. Todo ello requiere, además de reformas legales, una nueva cultura política que esté basada en el respeto al adversario, la veracidad informativa, el rechazo de las actitudes políticas intolerantes y sectarias, así como el combate incesante contra la corrupción y el terrorismo.


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía