Leía el pasado jueves un artículo de “El Confidencial” que trataba de la financiación de los partidos políticos con representación parlamentaria y me preguntaba yo ¿Por qué el PSOE y el PP defienden tanto la “transparencia absoluta” y por qué pregonan que es necesario saber cuál es el patrimonio y las rentas de los parlamentarios nacionales y autonómicos, así como de los concejales y alcaldes, y no dicen nada de las finanzas de sus partidos?
En concreto me refiero a las subvenciones estatales que reciben.
Me parece muy bien que se fiscalice a los políticos pero yo fiscalizaría realmente a la actividad política en su conjunto, esto es a los políticos y a los partidos políticos, si realmente quieren ser sinceros en el tema de la “transparencia absoluta”.
En 2.010 según la última liquidación trimestral publicada recientemente en el BOE, el PSOE y el PP se repartieron en subvenciones estatales (que las formaciones políticas no justifican públicamente año a año) la friolera cifra de 69,6 millones de euros, supervisado exclusivamente por el Tribunal de Cuentas, cuya última fiscalización fue en 2006.
En concreto los conceptos por los que recibieron este dinero público son "gastos de funcionamiento ordinario" y "sufragar los gastos de seguridad"; 32,18 y 1,65 millones el PSOE, 33,99 y 1,75 millones el PP., acaparando el 80% contemplado en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año.
La forma de repartir estas cantidades es:
· - 1/3 proporcional en relación a los diputados en el Congreso.
· - 2/3 en función de los votos de las últimas elecciones generales.
A estos ingresos del pasado año, para el actual, hay que añadir un ingresos extraordinario derivado de las elecciones municipales y autonómicas de mayo próximo, que asciende a 44,5 millones de euros (un 4 % más que en las del 2007), haciendo un total presupuestado de unos 131 millones d euros. Y sin embargo recordemos que los dos grandes partidos se comprometieron a reducir el gasto electoral en un 15% y otro 10% las subvenciones a las formaciones con representación parlamentaria, por lo que no se entiende el aumento, de esta última partida presupuestaria, para el 2.011
Independientemente de la cantidad, que no es poca, lo más sangrante es que siendo fondos públicos los recursos económicos con los que se financian los partidos políticos casi exclusivamente, no rindan cuantas de forma anual ante la sociedad a la que dicen representar; incluso al propio Tribunal de Cuentas resulta un misterio difícil de averiguar cuanto y en qué gastan el dinero, o cuánto cobran sus dirigentes, por ejemplo. Es también curioso que el último informe fiscalizador realizado por este tribunal sea el del ejercicio 2.006 que se conoció en febrero del 2.010. Las cuentas de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2009 no están auditadas y solo se han dado a conocer, sin concretar, algunas de las partidas de gastos.
También es sospechoso que, en este tema tan serio, las sanciones por financiación irregular sean tan leves, ya que la ley sobre financiación de los partidos políticos solo permite castigar la financiación irregular con una multa ridicula o reteniendo las subvenciones públicas anuales del partido infractor; que sea habitual que el Tribunal de Cuentas esté continuamente denunciando en sus memorias la opacidad de las donaciones a los partidos, las operaciones inmobiliarias y de préstamo que llevan a cabo a través de fundaciones, los créditos perdonados por entidades financieras o la ausencia de información sobre los importes facturados por proveedores en campaña electoral; o que no haya interés real en dar al Tribunal de Cuentas capacidad sancionadora por encima de las competencias actuales.
Estos, y muchos más, son los motivos del malestar que la opinión pública tiene de los políticos llegando a considerarles como una clase privilegiada y el tercer problema de este país, justo detrás del paro y el económico, con una muy baja apreciación social.
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