Van a por nosotros. Pero son cobardes y nos tienen miedo porque somos más.

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Por, Luis Ángel Aguilar Montero

Como no pudieron parar judicialmente, los escraches, o las concentraciones frente al congreso, trataron de modificar el Código Penal, y no teniendo bastante con ello, (que entre otras cosas lograba imponer 2 años de cárcel por el tartazo a una presidenta), ahora quieren criminalizarnos con multas exageradas que pueden ir –no desde los 300 o 500 euros de ahora, sino de los 1.000, a los 30.000, o 600.000€. ¿Quién piensan que vamos a poder pagar esas multas: parados, desahuciados, jóvenes Ni-Ni, dependientes, el precariado, …?

La verdadera intención de la Ley de Servicios Mínimos que quieren sacar son sin duda una burda treta legal para atentar contra el Derecho de Huelga; Y la de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, no es otra que acabar con la protesta pacífica y con los posibles levantamientos que, los recortes de derechos, salarios y libertades, pueden preverse en la ciudadanía cada vez mas indignada y dispuesta a todo.

Muchas de las nuevas acciones que quieren penalizar con la Ley mordaza, son las que hemos venido llevando a cabo desde las PAH y plataformas Stop Desahucios como la nuestra, tal y como puede verse en estas 11 que ya hemos realizado en algún momento y por las que –con esta Ley en la mano- podrían multarnos:

 

A) INFRACCIONES MUY GRAVES (Multa de 30.001 a 600.000 euros):

• Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación.
• Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas
• Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad. 

B) INFRACCIONES GRAVES (Multa de 1.001 a 30.000 euros):

• Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.
• Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado
• Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad.
• Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse. 

C) INFRACCIONES LEVES (De 100 a 1.000 euros):

• Se multarán los escraches a cargos públicos, (aunque ahora cambian la palabra escrache) por "Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas". • Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto
• La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.
• Injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes.
• Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar el documento nacional de identidad cuando se acordara su retirada.

Si primero fue el infausto Ministro de Justicia, Sr. Gallardón quien planteó la reforma del código penal criminalizando lo que ellos llamaban “violencia callejera” (muchas veces azuzada por el propio sistema) por ser asimiladas a conductas terroristas, ahora es el deplorable Ministro del Interior Sr. Fernández Díaz el que -superando la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo y la Ley Corcuera del 92-, nos quiere criminalizar por la vía administrativa con esta ley de la patada en la boca, que no sabemos si no es peor que la penal.

De hecho así lo han afirmado desde La cooperativa Red Jurídica: “la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana puede resultar incluso más preocupante que la reforma del Código Penal. Y es que las delegaciones del gobierno pueden hacer caja sin pasar por el juez. Y pensad que recurrir conllevaría el pago de tasas de hasta 2750€.

Esta ley nos tememos que, o nos paraliza, como ellos quieren y así seguir contándonos como mayoría silenciosa de la que se autoapropian para seguir “erre que erre” o, por el contrario, nos reactivará, tanto al 15-M, como a los diferentes movimientos sociales como el nuestro, al igual que pasó con el primero, cuando la Delegación de Gobierno de Madrid prohibió las concentraciones en la Puerta del Sol. 

No sabemos si fue Zizek quien dijo aquello de que la represión es un signo de debilidad, pero no nos cabe ninguna duda de que lo es. Hasta en psicología social se reconoce que “…no se puede sostener que la represión sea democrática. Todo menos esto. Para efectuar la represión se requiere poner en suspenso la democracia y los derechos democráticos. Y se recurre a la represión cuando se siente la amenaza, por lo tanto cuando se siente la vulnerabilidad. No parece pues mostrarse como un signo de fortaleza, sino que al contrario, se trata de un recurso defensivo una muestra de debilidad”.

Nosotros, de momento, no debemos callar y advertir a nuestra gente que todo lo que cuentan es mentira y que desde luego el fin de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana no tiene por objetivo, como dice el ministro “garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

A Robar a Sierra Morena, a reprimir a su casa y a mentir al infierno, que es donde -si existiera- deberían estar estos sinvergüenzas que nos gobiernan. Junt@s podemos y no lo permitiremos.

Luis Ángel Aguilar Montero, miembro de la Plataforma Stop Desahucios de Albacete.