Por Evaristo Pitaluga i PovedaRecordemos que en el otoño de 2.008 tras la reunión del Presidente del Gobierno con 6 presidentes y altos ejecutivos de importantes entidades financieras, se anunció un plan de rescate bancario por parte del gobierno.
El Banco de España analizó y evaluó las ayudas previstas en los planes de 'rescate' de las entidades financieras en unos 150.000 millones de euros, equivalente al 14,3% del PIB, algo por debajo del conjunto de la zona euro, y al 5,1% de los activos bancarios, justificándolo e añadiendo que «el coste fiscal efectivo de estas medidas sería mucho menor, incluso nulo, y hasta podría generar ingresos netos a medio plazo, si (estas actuaciones) cumplen su objetivo de estabilizar los mercados». Craso error.
Lo maligno de esta medida fue que solo sirvió para dar liquidez a los bancos y evitar una quiebra ante los próximos vencimientos de deuda, y no una medida para inyectar liquidez a la economía; y eso no nos lo contaron.
Recordemos que las medidas eran, entre otras, por un lado aumentar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de 20.000 euros por titular y entidad a 100.000 euros; abrir una línea de financiación para las entidades financieras de entre 30.000 y 50.000 millones de euros, para ejecutar entre 2008 y 2009, mediante la compra de activos a las entidades y financiando la compra mediante la emisión de deuda pública (esa que tanto está costando colocar en los mercados financieros); otorgamiento de avales del Estado a operaciones de financiación nuevas (emisiones de pagarés, bonos y obligaciones), ampliable a los depósitos interbancarios por un importe máximo de 100.000 euros en 2008 y que el Estado adquiera títulos emitidos por entidades de crédito que necesiten reforzar sus recursos propios (incluidas participaciones preferentes y cuotas participativas).
Es decir, como los bancos demuestran ser insolventes porque son incapaces de aumentar su financiación a largo plazo y se ven imposibilitados de aumentar su capital (las ampliaciones son prácticamente inviables en la actualidad dada la situación bajista del mercado), tienen los activos tóxicos penalizando las cuentas y no resulta conveniente que se pongan en circulación activos inmobiliarios por estar a la baja tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, el gobierno decide poner la garantía de Estado para que el mercado les pueda comprar bonos y cualquier otro endeudamiento a largo plazo, que de otra manera no compraría en las situaciones actuales. En esos momentos la garantía del Estado era buena y bien valorada, mejor que las de las entidades finanacieras.
En la primavera del 2009, tras la reunión del G20 en Horsham, se decide comprar los activos tóxicos a los bancos para restaurar el flujo de crédito, con ello animar la actividad de familias y empresas, y frenar la recesión de las economías. Se decidió fortalecer los balances de los bancos, incluso haciendo que las cuentas públicas sean las que carguen con esos activos tóxicos de los bancos (préstamos e inversiones de difícil recuperación), si fuera preciso.
Repasemos un momento este nuevo léxico financiero; activos tóxicos son inversiones fallidas, que se supone con garantías reales y respaldando parcial o totalmente el citado activo, pero que realmente no tienen esas mínimas garantías. Las “sub prime”, que tanto nos han contado y resumidamente son hipotecas concedidas a clientes con escasa solvencia, y por tanto con un nivel de riesgo de impago superior a la media, son un ejemplo de activo tóxico. Hay también otros tipos de productos financieros y bienes, que en muchas ocasiones no tienen contrapartida tangible.
Hasta el momento en el que el Gobierno de España actúa, la deuda pública estaba bien valorada AAA, por las mismas agencias que valoraron mu favorablemente a las entidades que colocaron esos activos tóxicos o basura por todo el mundo. Una vez que el gobierno se ha gastado el dinero que no tenía en salvar a las entidades de crédito, estas mismas agencias bajan ya la valoración de nuestra deuda a un nivel AA+, lo que hace que colocar la deuda pública emitida para poder ayudar al sector bancario sea más caro. Y rizando el rizo resulta que quienes controlan ese mercado son las propias entidades a las que se les ha prestado el dinero, a un interés ridículo, pero quieren pingües beneficios por hacerse cargo de dicha deuda con la cínica justificación que esta minusvalorada por las agencias de valoración (y que son también ellos mismos) por el alto déficit público. Paradojas del sistema capitalista neoliberal que pone el control de los gobiernos en manos de los mercados financieros, en vez de tener los gobiernos el control de dichos mercados.
Otra perla: Por ahora el Gobierno presidido por el Sr. Zapatero ha hecho casi todo igual que los demás gobiernos de la zona Euro y EE. UU. Salvo una cosa, actuar contra los responsables de gestionar las entidades financieras de tal nefasta forma, que han tenido que ser intervenidas por el Banco de España para sanearlas con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos. En otros países esos responsables está rindiendo cuentas ante la justicia y algunos pagando las consecuencias. En este quijotesco país, no. ¿Será porque presuntamente la política y los políticos estén cerca?
Por Daniel Martínez Sáez
Cuando alguien quiera enterarse de un tema, del cual no conozca la base donde sustenta, donde menos se va a enterar incluso se va ha hacer un lío del entramado, es en un debate entre políticos. Al estar el uno frente al otro, es la manera de no enterarse, incluso de embarullarse más. Cada uno está a un lado tirando para el suyo, y tú en el medio recibes por los dos.
Esto es lo que ocurrió en el debate del inaprobado nuevo Estatuto de CLM, cuando el agua les llevaba del régimen laminar al turbulento a Marta Abarca y aJosé Luis Teruel, mientras nadando a contracorriente a Daniel Martínez clamaba, y Pascual Blanco guardaba la ropa con independencia de lo que dijeran. Dada tal composición, se te viene: “esto va a estar interesante y seguro que divertido”
Afirma Blanco que el Estatuto tiene repercusión en lo local, en donde se centra y da conocer que no hay problema de agua y que además es de muy buena calidad. Se le ve muy decidido a que el agua se recicle y está animado por las buenas perspectivas de que se ponga en marcha una buena depuradora . Que en lo regional esta pasando algo rocambolesco al no haberse aprobado aún el Estatuto, que las dos fuerzas políticas no han estado a la altura de las circunstancias y no se ha tenido en cuenta el interés de la región al no llegar a un acuerdo. Le da mucha prioridad a que el agua sea para la región, que no tiene costa y que se investigue más en el agua de mar.
Martínez tiene buena y fácil dicción, sostiene que se trata “el agua como herramienta política” y que el Estatuto se ha hecho de espaldas a los ciudadanos (si se pregunta a los ciudadanos no saben que se ha hablado del agua). Que IU no ha intervenido en lo autonómico y sí en el Congreso de los diputados. Le cuesta entender por qué no sale. Hay que tener en cuenta que hay bipartidismo, para él, no deseable.
Abarca, en plan institucional, era necesaria una reforma, nosotros (por qué no dice y nosotras), estamos defendiendo CLM, estamos en una en una región seca. La señora Cospedal está sometida a presión territorial de Murcia y Valencia, dice « yo defiendo mi región», el PP a Valencia y Murcia, con quienes podrían haber consensuado, como ellos han hecho con sus compañeros de esas autonomías. Sin el apoyo del PP no les gustaría haberlo aprobado, exclama ¡es muy triste!, en una segunda vuelta si el PP quiere….
Teruel, que el preámbulo solo es una declaración de intenciones; desmonta parte de lo dicho por Martínez, respecto a que el Estatuto no se ha hecho de espaldas a los ciudadanos, se ha hecho por el procedimiento normativo, y que el bipartidismo es la representación que tenemos en las cortes regionales.
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